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Vizcarra, más ruido que nuecesLO QUE ESTÁ EN JUEGO, EL NEGOCIO O LA VIDA

Publicado: 2020-06-24

El presidente Vizcarra ha dado un plazo de 48 horas a las clínicas privadas que venían haciendo su agosto en medio de la pandemia. Al parecer, por fin se anima a ponerles un ultimátum para que acuerden precios más justo por el servicio UCI que brindan en sus instalaciones luego que abundan las denuncias de cobros exorbitantes. Pero optar por mano dura 100 días después de la emergencia parece humor negro sino fuera porque sigue en juego la vida de miles de peruanos.

En breve sabremos si va en serio la amenaza o es solo una bravuconada para la tribuna porque, valgan verdades, hasta ahora al Presidente se le ha visto cómplice o impotente para lidiar con el interés de los privados, sea con los medicamentos, la producción de oxigeno o los créditos que han ido a parar mayormente a manos de las grande empresas. Ni hablar de la incapacidad para tratar siquiera el impuesto a las grandes fortunas.

Pero no solo es un tema de precios, es todo el sistema de salud privado el que está en cuestión y debería aprovecharse para ir hasta el final. Al menos durante la emergencia todos los servicios de salud privados deberían pasar a manos de lo público para evitar que siga muriendo gente por falta de atención médica o porque no tiene dinero. No puede ser lo privado un servicio para las élites. Tampoco se trata de “darse el gusto” pagando sumas abusivas por una mejor atención a la cual todos deberíamos tener el mismo derecho sin llegar a empeñar la casa o un órgano vital. El gobierno debe abrir las clínicas porque no queda otra salida ante el colapso de los hospitales públicos.

Cabe preguntarse entonces, porqué el Presidente se limita a lo mínimo exigible y esgrime como presión la vía más larga y complicada para hacer efectiva la amenaza de poner bajo administración pública toda la red de clínicas privadas. Aplicar al artículo 70 de la Constitución requiere una ley de expropiación que debe ser emitida por el Congreso y una previa compensación, todo lo cual puede demorar meses en el mejor de los casos. Por el contrario, si realmente Vizcarra quiere proteger la salud y la vida puede usar el artículo 82 de la Ley General de Salud 26842 que es de aplicación inmediata y así disponer la utilización, bajo administración estatal, de todos los recursos médicos-asistenciales de los sectores público y privado para atender la emergencia nacional.

El Presidente ha dado un ultimátum pero al parecer solo quiere discutir de precios. Amenaza fuerte tan solo para lograr un “descuento” cuando tiene la oportunidad de ir más lejos y empezar a cambiar de estrategia ante la pandemia porque hasta ahora ha primado la ley del mercado, de la ganancia por encima de la vida y eso está fracasando estrepitosamente al dejar desprotegida a la población, sin bono universal ni renta básica.

El gobierno está en una encrucijada. Puede empezar un cambio o sigue sometido a la CONFIEP. Otros países han optado por socializar los servicios de salud sin mayor drama, aquí eso requiere romper con los grandes empresarios que ejercen su poder hasta en los organismos que deberían velar por los derechos de los ciudadanos. No solo son las clínicas privadas las que deben ser puestas bajo administración pública, también laboratorios y farmacias, la producción y comercio de oxígeno. Eso para empezar. Luego destinar una fuerte inversión económica para seguridad y equipamiento que evite la mortandad en la primera línea de combate al Covid-19.

Esto tiene para rato, o el gobierno tira la toalla presa de impotencia para manejar los asuntos del Estado en esta emergencia o sale al frente aunque sea para poner límites a una clase empresarial que se ha mostrado ser la más mezquina, angurrienta y criminal de nuestra historia.

Escribe: Tito Prado 24/06/2020

Dirigente Nacional del Mov. Nuevo Perú


Escrito por

Tito Prado

Miembro de la Comisión Política del Movimiento Nuevo Perú y de la corriente interna SÚMATE


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