Una repugnante trama de corrupción puesta al descubierto en los órganos de justicia ha desencadenado una nueva crisis política que puede terminar con el gobierno de Vizcarra a pocos meses de suceder en el cargo a PPK, caído en desgracia por el indulto a Fujimori.    

Hasta dentro del propio gobierno se empieza a considerar la posibilidad de adelantar las elecciones, mientras crecen las voces en favor de una nueva constitución. No es para menos, la crisis no da tregua y cada vez más se manifiesta como una crisis estructural, sistémica y de régimen.

Gran parte de la ira ciudadana se descarga contra el Congreso, donde la Fuerza #1 y el Apra, devenido en furgón de cola del fujimorismo, hacen méritos para concentrar la repulsa ciudadana. Sus vínculos con los jueces corruptos terminan siendo antesala de impunidad.

Pero el Ejecutivo tampoco se salva –con cinco presidentes condenados o procesados por corrupción- y menos los entes electorales como la ONPE copada por gente del aparato montesinista, que al parecer sigue activo brindando servicios al mejor postor.

Esta crisis empalma con la del 2,000 porque aquella, que terminó con el gobierno de Fujimori, dejó en pie la Constitución del 93 hija del golpe y del fraude con lo cual se preservó toda la estructura mafiosa en el Estado. Los partidos neoliberales que se sumaron a la ola de indignación ciudadana contra la pretensión de Fujimori de sumar un tercer mandato, lo hicieron porque la continuidad del fujimorismo se hacía insostenible y para preservar el modelo económico. En buena cuenta, esos partidos como PP, APRA, PPC, AP, le robaron el triunfo a la movilización popular al mantener la Constitución ilegítima y con ello preservaron todo el tinglado de corrupción e impunidad que acompaña al modelo neolocolonial que nos ata a los intereses de las grandes potencias y sus corporaciones.

La respuesta popular y ciudadana a esta nueva crisis detonada por los audios divulgados por IDL –Reporteros, ha llevado a millones de peruanos a tomar las calles en todo el país. La jornada del 19 de julio fue contundentes y le han de seguir nuevas convocatorias. El Comando Nacional de Lucha que compromete a gremios como la CGTP, y la Asamblea Ciudadana que suma organismos de DDHH y colectivos varios, son las instancias que articulan las acciones de protesta que encuentra eco en infinidad de iniciativas locales y sectoriales.

El Movimiento Nuevo Perú hace parte de esas articulaciones, como en la Macro Sur, donde tiene un alto grado de estructuración social. Aporta su actitud militante y la propuesta de una salida política y democrática a la crisis. Verónika Mendoza, su principal referente, recorre del país plantando medidas urgentes como la revocatoria de todos los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, la limpieza a fondo de Poder Judicial y la ONPE, así como la necesidad de reformas profundas en el Estado. Pero acota que no se trata de reformas cosméticas para que nada cambie, que hace falta ir a un proceso constituyente para dotarnos de una Nueva Constitución.

Los partidos más comprometidos con la corrupción como Fuerza Popular y el APRA, que detentan la mayoría en el Congreso, procuran por todos los medios blindar a sus líderes. Ellos no van a generar los cambios que hacen falta, tampoco los partidos defensores del modelo económico que responden más a los intereses de la CONFIEP que del país. El propio gobierno de Vizcarra, más allá de ciertos aprestos anti corrupción, se encuentra atado al sistema, al punto tal que pone la reforma judicial en manos de una comisión de “notables” encabezada por Allan Wagner, ex Ministro de García Pérez y Alejandro Toledo, dos presidentes corruptos con los cuales nunca tomó distancia alguna.

El de Vizcarra tiene que ser un gobierno de transición, que ponga un poco de orden con una reforma política y electoral que impida que siga mandando el poder del dinero, que abra la cancha a nuevas opciones tirando abajo el cerco con el cual los partidos tradicionales pretenden mantenerse en el poder a toda costa. Y debe adelantar la convocatoria de nuevas elecciones, con nuevas reglas, para cerrar un Congreso que no da más, que tiene más de 80% de rechazo y sigue en manos de la Fuerza #1 y la señora K seriamente comprometida en el proceso Lava Jato. Lo determinante será la movilización del pueblo en las calles una y otra vez hasta que logremos derrotar a los corruptos e imponer una salida democrática a la crisis actual.

Por: Tito Prado, 25/07/2018, Dirigente Nacional de la Comisión Política del Movimiento Nuevo Perú