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LAS BAMBAS. LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Publicado: 2016-12-14

Los conflictos sociales en Perú siguen siendo la piedra en el zapato para los gobiernos neoliberales desde Fujimori. Empeñados en promover la inversión extranjera en grandes proyectos extractivistas, no reparan en generar fuertes contradicciones sociales y ambientales que terminan muchas veces con víctimas mortales entre quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta. Baste recordar que entre los gobiernos de Humala y García suman 253 los muertos por conflictos sociales. En sus primeros 100 días el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ya cuenta con un muerto, esta vez en las alturas de Apurímac donde se desarrolla el proyecto minero Las Bambas, de propiedad de la corporación MMG de nacionalidad china, una de las 5 más grandes del mundo en su área. Representa una inversión del 10,000 millones de dólares, la más grande en el ámbito local. Su explotación convertirá a Perú en el mayor productor de cobre del mundo. Tiene una producción asegurada de 20 años y cuenta también con recursos probados de oro, plata y molibdeno. 

Esa inmensa riqueza contrasta con la extrema pobreza que se vive en Cotambambas (88%) y Grau (78%), las provincias donde se desarrolla el proyecto de la MMG China. No extraña entonces que esta contradicción sea fuente de los más de 200 conflictos en potencia que existen en Perú de los cuales un 80% son socio ambientales. Basta tomar como referencia que en Cajamarca, donde explota oro la minera Yanacocha, la probreza coloca al departamento en el penúltimo lugar de la tabla, solo superado por Huancavelica, otra rica región minera y la de mayor pobreza social para variar.

Una ley parece confirmarse de la mano de un modelo económico que pone por delante la sed de ganancia de las transnacionales: a más minería más miseria. A ello agregarle más depredación y saqueo de los recursos naturales y menos desarrollo nacional. Para poner un ejemplo, en Marcona, al sur de la capital, una huelga de obreros en la mina Shougang, también de capitales chinos, ha revelado que la empresa a cerrado una planta de procesamiento que permitía dar valor agregado a la extracción del hierro y obtener mayores ingresos para el Estado. Así están las cosas con el neoliberalismo. Más de 20 años desde su implantación en Perú, el crecimiento del PBI por los altos precios internacionales de los minerales no estuvo acompañado de una política para impulsar el desarrollo nacional. Por eso el Frente Amplio con Verónika Mendoza, con un programa alternativo claramente antineoliberal y democrático, pudo capitalizar un importante caudal electoral que les puso a un tris de pasar a segunda vuelta.

Esas relaciones de carácter neocolonial son el contexto en el que se desarrolla el actual conflicto de Las Bambas que ya tuvo un brote de protesta en el 2015 durante el gobierno de Humala y que terminó con tres víctimas fatales entre los comuneros.

Reeditando aquellas jornadas, esta vez varias comunidades de la zona, que cedieron paso y tierras comunales para la instalación de la mina esperando compensaciones, vuelven a protagonizar jornadas de protestas pues la MMG ha introducido modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y no cumple con algunos de los acuerdos de las mesas de diálogo. Resultado de esta confrontación absolutamente previsible, como lo denunció en su momento el congresista por Apurimac Richard Arce del Frente Amplio, es una nueva víctima entre los comuneros. El detonante es el transito diario, ida y vuelta, de más de 250 megacamiones cargados de minerales por una carretera sin asfaltar generando un serio impacto ambiental que afecta la vida de las comunidades que se sostienen en ancestrales actividades agropecuarias.

Dicha carretera fue facilitada por las comunidades para la instalación de la mina con el compromiso de que se construiría un mineroducto para transportar el mineral a las plantas de tratamiento, pero la empresa optó por hacerlo por la vía cedida convertida ahora, por la fuerza de los hechos, en una vía pública. El conflicto se agrava porque la empresa pretende una mayor participación del estado en el asfaltado de la vía, con lo cual las negociaciones no tienen cuando acabar.

El gobierno de PPK ha señalado que no autorizó el uso de las armas para desalojar la carretera tomada lo que ha puesto en evidencia la existencia de contratos privados entre las empresas extractivas y la Policía Nacional. La exigencia de eliminar las leyes que autorizan el uso de las armas por parte de las fuerzas policiales y militares ha sido puesta nuevamente a la orden del día. Pero más allá de las demandas puntuales, lo que salta a luz nuevamente es que un modelo económico impuesto por las grandes multinacionales extranjeras no va más.

Hace falta contar con un modelo económico alternativo, que ponga por delante el interés nacional de manera tal que nuestros recursos naturales sirvan para generar polos de desarrollo, empezando por dar valor agregado a las materias primas. Necesitamos dejar de ser una economía primario exportadora y pasar a contar con una política de desarrollo diversificado y sostenible de la industria, el agro, la ganadería y el turismo. Ese es el reto de cara el bicentenario de la independencia nacional. El 2021 debe abrir paso a un gobierno que piense en un Nuevo Perú, independiente, libre y soberano.

Humberto Prado. Coordinador Comité Permanente del Frente Amplio


Escrito por

Tito Prado

Dirigente Nacional del Movimiento Nuevo Perú y de la corriente interna SÚMATE


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